(Cundinamarca, 24 de diciembre de 2019).Como sujeto obligado en dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y comprometida con el servicio al ciudadano, la Beneficencia de Cundinamarca ha puesto al servicio de la comunidad el dominio:
http://www.beneficenciacundinamarca.gov.co/Home/Servicios-Ciudadano/Informe%20PQRS.
El objetivo es garantizar que el ciudadano acceda de manera fácil a la información publicada, que en su integridad da cumplimiento a la normatividad vigente en materia de mecanismos de atención, ilustración de las actividades de restablecimiento de derechos a la población más vulnerable del departamento y procesos de contratación adelantados a través de la plataforma SECOP II.
La Beneficencia de Cundinamarca ha venido fortaleciendo en los ocho Centros de Protección Social la vinculación de usuarios y familias, con su participación en los comités de usuarios y representantes de adultos mayores, siendo elegidos por votación y ejerciendo su derecho de forma activa en el buzón de sugerencias, y en el proceso de mejora continua, siempre en búsqueda de una prestación de servicios de protección con calidad.
La entidad espera que el ciudadano registre sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones, y realicen el respectivo seguimiento.
Prueba de lo anterior es el registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) en un 91% para la Beneficencia de Cundinamarca, teniendo como principio la información de la “Matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014” y demás normativas, que se adelantó en agosto en su rendición de cuentas ante la Procuraduría General de la Nación.
A través de la medición de satisfacción (encuestas), diligenciadas por usuarios y familias, la entidad muestra un 91% de calificación entre excelente y bueno, con manifestaciones de agradecimiento y complacencia por la atención brindada, a través de sus Centros de Protección Social.
De esta manera, el ciudadano puede estar informado sobre cada una de las fases de los proyectos de inversión, presupuesto asignado y porcentaje de ejecución de los servicios de protección a la población vulnerable con discapacidad mental y cognitiva y adulto mayor.
